Dos miembros de la Cámara de Cuentas presentaron ayer su renuncia al presidente del Senado, Reinaldo Pared Pérez, en cartas que depositaron ayer por separado en su despacho.
Los renunciantes fueron Juan Adalberto Lora Ruíz y José A. Maceo. Lora, además, hizo su renuncia pública en una rueda de prensa que convocó en la sede de la Cámara de Cuentas, pero la dimisión de Maceo se conoció cuando el presidente del Senado lo anunció en la tarde.
El presidente de la cámara alta dijo que, al presentar sus renuncias, Lora y Maceo quedan excluidos del juicio político que se proyecta realizar.
Las renuncias se produjeron a pocas horas de que la Cámara de Diputados enviara a juicio político al pleno de la Cámara de Cuentas por mala conducta e incumplimiento de sus funciones.
En su carta, Maceo expresó que renunció, “después de analizar y ponderar las acusaciones que han sido sometidas ante el Senado…y a la luz de tantas distorsiones públicas que se han formulado sobre hechos reales o supuestos que acontecieron en este organismo, las cuales afectan al suscrito personalmente”.
Mientras, en la conferencia de prensa, Lora Ruíz expresó que tomó la decisión atendiendo a los múltiples reclamos de la sociedad civil que entendía que ya todos los miembros del organismo supervisor no gozaban de la confianza del país.
En su carta, afirmó que durante 18 meses batalló internamente por aportar al organismo y al país, sus conocimientos técnicos y sus principios de hombre honrado, pero reconoció que “una golondrína no hace verano”.
“Estoy confiado en que me juzgará la historia y que en todos los documentos que recogen lo que fueron mis actuaciones en la Cámara de Cuentas de la República, mientras fui parte de ella, apareceré exculpado plenamente, porque fue el miembro que actuó siempre más apegado a la ética y a la moral”, aseguró el renunciante.
A las 4:00 p.m, Pared Pérez todavía no había recibido el informe de la Cámara de Diputados que somete a los miembros de la CC a juicio político.
Reiteró que inmediatamente lo reciba, convocará a la comisión coordinadora (compuesta por el bufete directivo y los voceros de las bancadas) para hablar sobre el procedimiento a seguir durante el juicio.
“Yo entiendo que el procedimiento que debe seguirse es que el Senado se constituya en comisión general, que es una alternativa que para casos como éstos que prevé el reglamento interno”, manifestó el senador por el Distrito Nacional.
Opinó que los miembros de la CC deben ser interrogados individualmente, pero aclaró que la decisión final la tiene el pleno.
En tanto, el presidente de la comisión de diputados que investigó las denuncias de irregularidades en el órgano auditor estatal, Rafael Molina Lluberes, favoreció que a la Cámara de Cuentas se le realice una auditoría de campo.
No hablará por ahora
El presidente de la CC, Andrés Terrero, declaró a DL ayer en la tarde que estudiaba la decisión adoptada por los diputados y que luego de analizar y sopesar el documento daría a conocer su opinión.
“Cuando tenga una decisión voy a hablar, por ahora estoy en proceso de análisis y reflexión del documento de la Cámara de Diputados”, expresó.
Más temprano, el miembro de la CC, Luis Yépez Suncar, depositó por ante la juez presidente del Tribunal de lo Contencioso, Administrativo y Tributario un recurso de desistimiento del recurso de amparo que había interpuesto el pasado 19 de este mes.
Explica que el objeto del mismo era la obtención por parte de la Cámara de Diputados o del Senado, de la formulación precisa, directa del documento.
En la justicia
El procurador fiscal del Distrito Nacional, José Manuel Hernández Peguero, declaró ayer que solicitará una copia del informe elaborado por la comisión especial de la Cámara de Diputados para determinar si procede alguna acción legal contra los miembros de la Cámara de Cuentas.
En tanto, el director Nacional de Persecución de la Corrupción Administrativa, Octavio Líster, dijo que esperará a que el Congreso Nacional tome su decisión en el caso, y si al final de esa decisión se determina que los miembros de la entidad fiscalizadora han incurrido en alguna falta o violación que entrañe un elemento punible, el Ministerio Público actuará persiguiendo penalmente esa acción delictiva.
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